Algunas autoridades están en la mira de algunas organizaciones y activistas pro Derechos Humanos.
Tal es el caso de la ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos, quien luego de emitir una disculpa pública por la publicación de imágenes de familias homoparentales en unas guías educativas dirigidas a adolescentes, fue cuestionada por activistas, pues consideran que se desconocen los derechos de la comunidad LGBTIQ+, así se dio a conocer mediante un comunicado firmado por Franklyn Robinson, presidente del movimiento Independientes Pro Derechos Humanos (IPDH).
Esta acción envía un lamentable mensaje a la Nación: la educación en Panamá no es un asunto neutral y no ve a todos por igual. Este acto demuestra lo que por años distintas organizaciones civiles han denunciado, que uno de los principales escenarios, donde un ser humano experimenta, por primera vez, la discriminación por orientación sexual y/o identidad/expresión de género es durante su formación, reza parte del comunicado.
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¿Extralimitación de funciones?
Según el comunicado firmado por Robinson la institución que dirige la señora Gorday de Villalobos, no solo extralimita sus funciones, sino que es una violación directa a los artículos 17, 87, 88, 89 y 90 de la Constitución Nacional.
Para ellos su acción se aleja completamente de la función constitucional del Ministerio de Educación y desconoce la independencia de los órganos del Estado Panameño, pues no es función de esta entidad gubernamental esbozar criterios que actualmente son parte de un debate jurídico en la Corte Suprema de Justicia.
Rechazamos rotundamente que la presión de un sector de la sociedad y las pasiones criollas hayan generado una reacción no razonada que promueve aún más la división de la población panameña y a su vez desconoce los instrumentos legales internacionales que nuestro país reconoce en cuanto a la existencia de Derechos a todas las familias sin distinción alguna, agregan.
Para el movimiento Independientes Pro Derechos Humanos este Ministerio desconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 16, protege el concepto de familia como un Derecho sin distinción por la orientación sexual o identidad/expresión de género de quienes la componen.
IPDH instan al Ministerio de Educación y a cualquier otra autoridad gubernamental a ser prudentes en sus actuaciones.
