Autoridades de Panamá pidieron este martes el cierre de los albergues que hayan incurrido en "faltas muy graves", en medio del escándalo desatado por un informe parlamentario que denunció abuso sexual y maltrato físico y psicológico contra los menores en esas instalaciones supervisadas por el Estado.
La supervisión y monitoreo de las instituciones de protección de menores como casa hogares y albergues, tanto públicas como privadas, es responsabilidad de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), la institución pública en el ojo del huracán por este escándalo de abusos.
Fue la Junta Directiva de la Senniaf, integrada por los ministerios de Desarrollo Social (Mides); Educación (Meduca); del Trabajo (Mitradel); Salud (Minsa); y de Economía y Finanzas (MEF), entre otros, la que pidió la clausura de los albergues.
El organismo informó mediante un comunicado que solicitó "a la Senniaf el cierre inmediato de los albergues a nivel nacional que como resultado del proceso de supervisión hayan incurrido en faltas muy graves de acuerdo con lo establecido en las normativas vigentes, y proceder con el correspondiente traslado de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en ellos".
Esta clausura también la pidieron las diputadas de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que entregaron el informe que documenta los abusos contra los infantes al Ministerio Público, que ya ha abierto investigaciones.
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UNA SITUACIÓN "BASTANTE GRAVE" A JUICIO DEL FISCAL GENERAL
El informe, presentado la semana pasada y entregado el lunes a la Fiscalía, denuncia que decenas de niños y niñas, muchos con algún grado de discapacidad, fueron víctimas de abusos sexuales, maltratos psicológicos y físicos, incluida mala alimentación y condición de vida deplorable, desde 2017 en al menos 14 albergues bajo la supervisión del Estado.
"Esta es una situación bastante grave", declaró el fiscal general, Eduardo Ulloa, que recalcó que los albergues en Panamá están "en su gran mayoría" manejados "por instituciones privadas, muchas de la cuales reciben subsidios" públicos, de allí que "tiene que ser supervisados por el Estado, para garantizar que los menores reciban la atención requerida".
Unas 53 instituciones de protección son supervisadas por la Senniaf a nivel nacional, según datos publicados en la página web del organismo, que ha dicho que en el 2020 presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el albergue Funchipa, situado en la periferia capitalina, por "delito contra la administración pública".
Ulloa dijo que hay tres investigaciones abiertas: una que data de agosto de 2020 contra un albergue situado en la periferia capitalina y "que está en curso"; otra iniciada de oficio tras la presentación la semana pasada del informe parlamentario, y una tercera por presunto "abuso de menores" por el caso de una niña que escapó el viernes pasado de ese mismo albergue.
El fiscal general no descartó que se abran más investigaciones, no solo por los abusos contra los menores sino también por corrupción.
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LOS ABUSOS Y LAS DENUNCIAS NO SON NUEVAS
La presidente de la Coalición internacional de Mujeres y Familias (Cimuf), Samira Armengol, dijo a Efe en el marco de una protesta el viernes que esta "vergonzosa situación" de los abusos y malos tratos en los albergues panameños "no es nueva: las personas que han sido autoridad en la Senniaf las conocían".
La exdirectora de la Senniaf Idalia Martínez (2014-2016) dijo este martes a la radio local RPC que las nuevas denuncias quedarán en "nada", como ha ocurrido ya antes, porque, aseveró, en la Junta Directiva de la institución hay intereses particulares "muy arraigados" que impiden los cambios.
"¿Si no ocurrió nada en el 2014 cuando la directora general denunció, usted cree que va a ocurrir ahora?", dijo Martínez, quien indicó que durante su gestión presentó un informe sobre las supuestas malas prácticas que se daban en los albergues y en la Senniaf.
