Organizaciones de la Sociedad Civil se apersonaron a la Defensoría del Pueblo para denunciar al Servicio Nacional de Migración (Migración), la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados (ONPAR) y el Ministerio de Salud (Minsa) por las graves violaciones de Derechos Humanos contra mujeres con VIH en Panamá.
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Víctor Atencio Gómez, director de Asuntos Internacionales de la Defensoría del Pueblo, explicó que se conoció la preocupación de la sociedad civil por casos que tiene que ver con personas extranjeras, a quienes a través de una prueba de serológicas se le dictamina la condición de VIH.
El primer caso es de una femenina, quien fue a un centro de salud y cuando la prueba le salió positiva esto motivó a las autoridades de salud a violar la confiabilidad, que establece la prueba de VIH a notificar al servicio de Migración, a lo que estas personas intentaron abrir todo un proceso migratoria para sacarlas del país, manifestó Gómez.
Con la ayuda de la Defensoría del Pueblo se presentaron acciones judiciales, como amparo de garantía y habeas corpus que han impedido que esta situación se diera, revelo el jefe de Internacionales de la Defensoría del Pueblo, luego de una reunión a puertas cerradas con los denunciantes.
Gómez mencionó que esto es grave, debido a que se pretendía enviar a los insfetado a su país de origen ( venezuela) donde no hay tratamiento antivirales. básicamente era imponerle una prueba de muerte a estas personas, acotó.
El funcionario hizo un llamado de atención a las autoridades de salud y migratorias, pues no se debe violar la leyes de la Defensoría del Pueblo e impedir el trabajo de la estancia de protección de los Derechos Humanos de estas personas.
Queremos reunirnos cuanto ante para gestionar constructivamente la gestión de nuevas políticas que permitan tratar de manera integral los derechos de los extranjeros.
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No ha nadie detenido
Por su parte, Marlin González, Asesora Jurídica del Comité de Derechos Humanos de Panamá, expresó que este año han recibido varias denuncias de violaciones, entre estas mujeres migrantes que no le respetan sus garantías fundamentales. La reunión con la Defensoría del Pueblo fue positiva, admitió.
La también abogada recordó que el Artículo 13 de la Ley 68 del 2013, dice que revelar la confiabilidad de personas enfermas es un delito, sin embargo no hay ninguna persona de los directores de los centros de salud detenidos por este caso o procesados judicialmente.
Cabe destacar que día a día se comunicó con voceros de el Ministerio de Salud y aseguran que investigarán estos casos.
