Las primeras compensaciones, de 25.000 dólares, dictadas en años para víctimas del envenenamiento masivo en Panamá con un jarabe producido por el seguro social entre 2004 y 2006, que dejó cientos de muertos, son insuficientes y desconocen la realidad de estas personas que sobreviven con secuelas, muchas graves.
Así lo afirmó a EFE el presidente del Comité de familiares por un derecho a la salud y la vida (Cofadesavi), Gabriel Pascual, una asociación que agrupa a las víctimas y que promete llevar el caso a instancias internacionales en busca de justicia.
El jarabe para la tos elaborado y distribuido por la Caja del Seguro Social (CSS) entre 2004 y 2006 resultó tóxico por contener dietilenglicol, un refrigerante industrial. Provocó una de las peores tragedias de su tipo en el mundo y dejó al descubierto una cadena de suministros internacional y local plagada de falsificación y negligencia, dijo la ONU y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según datos de las víctimas, se estima que más de 800 personas han muerto y más de 1.000 padecen secuelas crónicas, pero "al final, y es algo que siempre se ha discutido con las autoridades, van a ser incuantificables" los afectados, declaró a EFE Pascual.
"Entre 2004 y 2006, el Comité reconoció más de 400 personas fallecidas. Sólo en lo que va de año han muerto seis", aseguró Pascual, que perdió a su abuela (2006) y a su padre (2009) a causa del envenenamiento, según su relato.
El activista recordó que fueron "220.000 los envases" elaborados con el medicamento venenoso y "110.000 las recetas" entregadas a pacientes de todo el país.
En el Ministerio Público hay un expediente con 15.000 nombres, que indica a la persona, la cédula, dónde le dieron el medicamento y el día, entre otros datos, aseveró el portavoz. No todos enfermaron, y no todos los afectados han denunciado su situación.
Una compensación injusta e insuficiente
La Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó el pasado 20 de abril de un fallo que ordena el pago de 25.000 dólares por daños morales a cada una de tres víctimas, agrupadas en una demanda, que pedían 6 millones de dólares por daños y perjuicios materiales y morales a raíz del envenenamiento.
Pascual afirmó que al Comité le "preocupa" que esta compensación por daños morales "se tome como base" para el resto de casos en trámite, un total de 472 de acuerdo con los datos judiciales.
Se está no solo ante una cifra irrisoria sino también ante un fallo que parece desconocer el drama que sufren los sobrevivientes, que padecen enfermedades físicas, neurológicas y psicológicas, además de discriminación, ya que los que no quedaron incapacitados han sido sistemáticamente descartados de empleo y préstamos bancarios pese a que existe una ley que los ampara, explicó el portavoz.
Pascual aseguró que en 2017 la misma Sala Tercera Contencioso Administrativa estableció un "precedente fundamental en dos fases": un fallo de fondo ese año que declaró la responsabilidad de la CSS y "una sentencia de liquidación de 2021" que ordenó el pago de 188.897 dólares a dos víctimas del envenenamiento.
Según los datos del Comité de familiares facilitados a EFE, esta agrupación ha presentado en el ámbito Contencioso Administrativo 562 demandas por un monto de 302.520.944,60 dólares, que contemplan el lucro cesante y también el daño moral, psicológico y otros que las víctimas conllevan, como explicó Pascual.
Y ante compensaciones irrisorias el Comité no se quedará "de brazos cruzados".
"El mensaje que le damos (al Supremo panameño) es que vamos a ir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a recorrer todos los mecanismos necesarios para buscar realmente una compensación digna y decorosa, que garantice y mejore el resto de las vidas de las personas que hoy sufren por ese envenenamiento", agregó Pascual.
