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Es un deber del Estado proteger los derechos humanos de las personas menores de 18 años de edad. También es deber del ciudadano y una obligación legal denunciar si sabe sobre algún caso de explotación sexual.
Los niños, niñas y adolescentes no toman la decisión de ser explotados sexualmente, sino que son víctimas de adultos sin escrúpulos que se aprovechan de su situación de vulnerabilidad (pobreza, desprotección de sus familias o de las instituciones, drogadicción, entre otros) para utilizarlos en el comercio sexual.
