Mientras la Policía Nacional sostiene que la representante Arielis Barría tuvo una actitud desafiante durante una protesta en Tocumen, la funcionaria asegura que fue víctima de agresiones físicas, detención arbitraria y un intento de silenciar su denuncia.
En conferencia de prensa, Barría ofreció su versión de los hechos ocurridos el martes por la noche, contradiciendo lo dicho por las autoridades y mostrando evidencia médica que respalda su testimonio. También anunció que procederá legalmente contra los responsables y exigió una disculpa pública por parte del director de la Policía.
Según relató, la manifestación fue organizada por residentes afectados por la crisis hídrica y ella llegó alrededor de las 7:30 p.m. para mediar y facilitar la reapertura de la vía.
Barría aseguró que al llegar al lugar, la Unidad de Control de Multitudes respondió lanzando gases lacrimógenos y que una de las unidades la golpeó en la cabeza con un tolete.
“Les digo que se paren, que se detengan, que no hagan eso porque no es la manera en la que sea deberían hacer las cosas. A continuación, me puse enfrente de ellos con las manos extendidas y lo que procede a hacer una de las unidades es darme un toletazo aquí en la cabeza es ahí donde yo procedo. Todo el mundo conoce mi reacción y yo sabía que si yo no le quitaba el casco de autoridad nunca lo iba a poder identificar y este caso iba a quedar impune”, expresó.
Luego, tras dirigirse a la estación de policía para solicitar la liberación de un colaborador suyo detenido, asegura que fue ahorcada por un agente masculino y esposada a la fuerza. Posteriormente fue trasladada al hospital Irma Lourdes Tzanetatos, donde recibió atención médica.
Barría anunció que procederá legalmente contra los agentes que la agredieron y exigió una disculpa pública del director de la Policía Nacional. “Lo único que quiero es una disculpa. Yo soy una dama. No se justifica el trato que recibí”, dijo.
Criticó además la gestión del IDAAN y reiteró que el problema del agua es estructural y de larga data. Confirmó que la Junta Comunal recibió ya la aprobación de la Contraloría para la compra de una pieza clave —una “T partida”— que permitiría restablecer el suministro en varias comunidades.
“Las personas no quieren más cisternas ni paliativos. Quieren abrir el grifo y tener agua. Muchos son adultos mayores o personas con discapacidad. El agua es un derecho básico”, enfatizó.
