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Promesas de campaña de Nito Cortizo, 'con poca convicción y sentido de urgencia'

En su comunicado muestran su preocupación por diferentes temas sociales en Panamá, que requieren de un rumbo fijo.

Redacción 'día a día'

En la mañana de este 28 de febrero de 2021, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) manifestó un comunicado donde muestra su preocupación por diferentes temas sociales en Panamá, que requieren de un rumbo fijo. 

Por ejemplo, el Sistema de Administración de Justicia, el futuro de la Caja de Seguro Social, la protección de la niñez, entre otros. El comunicado de la organización es el siguiente tenor: 

 

 

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"Las próximas dos semanas, este espacio abordará dos deficiencias estructurales que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) ha planteado por más de dos quinquenios e insistimos deben ser atendidas de manera urgente para enrumbar nuestro destino como nación.

La primera de esas deficiencias se relaciona con la necesidad de reformas al Sistema de Administración de Justicia con prontitud; y la segunda es la atención urgente, certera y real que demanda la situación de la Caja de Seguro Social. Ambas promesas de campaña del actual presidente de la República, las cuales ha abordado con poca convicción y sentido de urgencia.

Por años, desde este gremio se ha subrayado que la base fundamental de la vida en democracia es el imperio de la justicia; por cuanto careciendo de ésta, los ciudadanos y la sociedad están desprotegidos de sus garantías fundamentales, situación que se ha evidenciado y empeorado durante la pandemia. Hoy, la mayoría ve sus derechos vulnerados frente a un sistema judicial que no es capaz de defender los más básicos derechos constitucionales de los ciudadanos en esta pandemia, que no muestra resultado alguno ante los numerosos casos de corrupción de alto perfil, que con su falta de resultados impide que el país se defienda de listas discriminatorias multicolores, y como si fuese poco, no logra proteger ni siquiera a los niños y adolescentes de este país. En relación con este último punto, exigimos consecuencias reales ante las revelaciones de los informes con respecto a albergues que debían ser supervisados y monitoreados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) y donde se detallan atrocidades inadmisibles; ante las cuales la justicia no puede continuar paralizada y muda. 

En su momento, se aplaudió que el actual Órgano Ejecutivo presentara al Legislativo las reformas al ordenamiento constitucional, que incluían la propuesta gremial de la CCIAP con respecto al Sistema de Administración de Justicia. Sin embargo, se tenía la expectativa que, como proponente de las reformas y en respuesta a la exigencia del electorado, el Órgano Ejecutivo diera un seguimiento celoso al proceso hasta hacer de la propuesta una realidad. La sociedad sigue esperando los cambios que ha reclamado por largo tiempo.

 

 

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Hoy nos encontramos, nuevamente, frente al reto de una vacante en la Procuraduría General de la Nación, que ha dejado más preguntas que respuestas claras y verdaderas. Llama la atención que luego de haber hecho carrera dentro del Ministerio Público, el Procurador General sustente su renuncia en un supuesto desconocimiento del escrutinio público del cargo y de la profundidad de las debilidades y necesidades del sistema para el cual se había comprometido a trabajar. Ante estos argumentos inconclusos y nada transparentes, la población merece respeto y explicaciones reales.

Tal y como advertimos cuando se nombró a quien ha renunciado, se trata de un punto de inflexión en la vida de la nación. Debemos acertar con este nombramiento, donde se requiere de una figura inmutable y con determinación, vertical, independiente, proba y que pueda liderar un Ministerio Público que, no solo persiga el delito, pero también lleve adelante procesos con resultados y consecuencias para quienes infringen la ley.

En aras de asegurar un desarrollo y un clima de estabilidad tanto social como político, el país necesita cuanto antes un marco que permita fortalecer un verdadero Estado de Derecho que se caracteriza por la separación de poderes, la certeza del castigo y un sistema de justicia equitativo. Sin esto, caminamos sobre la errada senda de convertirnos en un ‘Estado Fallido’".

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